Es cierto que en el tema anterior se han mencionado muchas legislaciones en relación con los derechos de las personas mayores, pero en este apartado se plantea realizar un acercamiento a la realidad de diferentes derechos.

Se van a analizar ocho derechos que suelen afectar a las personas mayores de una forma evidente. Estos derechos son: derecho a la igualdad y a no ser discriminado; derecho a una vida libre de violencia, abuso y abandono; derecho a la autonomía, independencia y a tomar decisiones a largo plazo; derecho a la educación, a la formación continua y al desarrollo de capacidades; derecho al trabajo y acceso al mercado laboral; derecho a la protección social y seguridad social; derecho de acceso a la Justicia; y, derecho a la vivienda.

Derecho a la igualdad y a no ser discriminado

La igualdad en la vejez es la plena participación e inclusión de las personas mayores en todos los aspectos de la sociedad, basada en el Buen Trato y el respeto de su dignidad. En la igualdad formal las personas tienen los mismos derechos ante la ley, independientemente de su edad u otras circunstancias. La igualdad formal es la que se puede observar en la legislación, basada en el principio de igualdad (plano teórico). En la igualdad sustantiva las personas, en diferentes situaciones, son tratadas de manera distinta para asegurar que todas tengan igual acceso a oportunidades, bienes y servicios. La igualdad sustantiva alude a la igualdad en los hechos, en los resultados (a nivel práctico).

La igualdad, en palabras de las propias personas mayores, consiste en sentirse miembros plenos de la sociedad, donde son reconocidas, valoradas, necesitadas y útiles. En definitiva, ser reconocidas como sujetos de derechos y deberes en igualdad de condiciones con las demás personas.

Las personas mayores explican que son tratadas distintas y peor en muchos ámbitos de sus vidas, como por ejemplo en el acceso al empleo o en el entorno laboral, en los servicios de salud, en la participación en la sociedad y en la vida familiar, en los servicios financieros, en el acceso a la justicia, a la hora de adquirir o administrar propiedades y disponer de sus bienes, en el transporte, en el diseño, planificación y desarrollo de programas y proyectos, en los medios de comunicación, en el acceso a la educación, en el acceso a una vivienda o en la recopilación de datos y los análisis estadísticos. Añaden, que esta situación puede verse agravada por la discriminación múltiple o acumulada a lo largo de toda la vida que muchas personas mayores experimentan.

Consideran la autonomía un aspecto esencial para garantizar la igualdad y creen que el derecho a participar en el proceso de toma decisiones, a realizar elecciones personales y a expresar sus opiniones libremente son muy importantes.

Garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

El derecho a la igualdad y a la no discriminación en todos los aspectos de la vida debe incluir todas las formas de discriminación, por lo que debe prohibirse legalmente y de forma expresa la discriminación por razón de edad y exigir que cualquier medida basada en la edad que se desarrolle sea argumentada y justificada.

Los Estados tienen la obligación de garantizar la igualdad de todas las personas, tanto en la teoría como en la práctica, por lo que las personas mayores creen que deben considerar el impacto que tienen sus decisiones y sus políticas sobre ellas, especialmente cuando adoptan medidas basadas en la edad.

Por lo tanto, para garantizar la plena participación e inclusión de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad y a todos los niveles, es necesario adoptar medidas especiales que les favorezcan con el objetivo de garantizar la igualdad en la práctica y eliminar todos aquellos usos, costumbres y políticas que sean discriminatorios o afecten negativamente a la dignidad o a la seguridad personal de las personas mayores.

Derecho a una vida libre de violencia, abuso y abandono

El abuso o maltrato a las personas mayores se define como cualquier tipo de violencia, daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce dentro de una relación basada en la confianza tanto en el ámbito público como privado. Puede ser llevado a cabo por personas cercanas a las personas mayores, como familiares o cuidadores, o por estructuras sociales o institucionales, de forma intencional o por una falta de capacidad.

Muchas personas mayores reconocen haber sufrido algún tipo de violencia, pero explican que la violencia que experimentan no se limita a los abusos físicos o psicológicos ya que identifican múltiples maneras de sufrir abusos, tanto en el ámbito público como institucional o privado:

• Abusos físicos: las personas mayores explican que reciben golpes u otras agresiones, se les fuerza la alimentación, identifican usos inadecuados de sujeciones mecánicas o de medicamentos, son coaccionados, amenazados y también pueden ser víctimas de agresiones sexuales.

• Abusos psicológicos: dentro de este ámbito señalan que se les censura, que reciben amenazas de abandono, de institucionalización o de castigos, explican que son infantilizados, que se les aísla de sus familias, amigos o de las actividades que realizaban, que se ignora de forma repetida sus deseos y que tienen falta de intimidad.

• Abusos económicos y financieros: las personas mayores hablan de que se les niega la vivienda, de que se les oculta o roban sus bienes o posesiones, explican cómo se realiza un mal uso del dinero del que disponen y se les obliga a firmar contratos, a asignar poderes notariales a alguien, a comprar bienes o a realizar cambios en el testamento.

• Negligencia en el cuidado ante una situación de dependencia: ocurre cuando los cuidadores no son capaces de proporcionar o no proporcionan los bienes, servicios o apoyos que necesitan o no actúan para evitar un daño, no se les proporciona estímulos sociales o no se utilizan los recursos disponibles para mantener o restaurar su salud o bienestar.

Como se estudió en el tema anterior, la situación de vulnerabilidad de las mujeres mayores ante este tipo de agresiones y violencia es mayor. Ellas mismas señalan el gran impacto que tiene sobre ellas la acumulación de toda una vida de violencia y abusos.

Garantizar el derecho a una vida libre de violencia, abuso y abandono.

Las personas mayores consideran que los Estados deben adoptar medidas para prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia a las personas que la han sufrido, proporcionando servicios de apoyo para aquellas que los necesiten. En este sentido, desearían que se creara un organismo específico para proteger los derechos de las personas mayores y se realizaran campañas de sensibilización basadas en informes y datos estadísticos sobre todas las formas de violencia, abuso y negligencia que experimentan las personas mayores. A través de estos estudios también se conocerían los factores de riesgo para proporcionar con urgencia servicios de apoyo y recursos más eficaces.

El empoderamiento económico es una forma de prevenir la violencia y los abusos en la vejez por lo que piensan que es importante garantizar el acceso de las personas mayores a medidas de protección social y a la seguridad social, a oportunidades de empleo y la formación profesional.

Libertad de decidir: Derecho a la autonomía, a la independencia y a tomar decisiones propias. Cuidados a largo plazo y cuidados paliativos

Autonomía e independencia Estos términos a menudo son utilizados indistintamente, aunque son conceptos distintos que están muy relacionados y son interdependientes. La Autonomía es la capacidad de elegir y tomar decisiones, con apoyo si es necesario, de acuerdo con la voluntad y preferencias de cada uno. La Independencia es la capacidad de realizar actividades de la vida diaria y participar en la sociedad, con apoyo si es necesario, de acuerdo con la voluntad y preferencias de cada uno. Toma de decisiones respaldada La toma de decisiones respaldada o asistida permite a las personas mayores mantener su autonomía e independencia al disponer de diferentes tipos de apoyo que les ayudan a tomar sus propias decisiones y elecciones. Capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y a la vez actor ante la ley. Como titular de derechos, una persona tiene garantizada la protección plena de sus derechos por parte del sistema legal. Como actor ante la ley, una persona tiene el poder de participar en trámites e iniciar, modificar o finalizar acciones legales. Una persona de confianza es un individuo que una persona mayor elige para pedir asesoramiento u otros tipos de apoyo antes de tomar una decisión. Esta persona podría ser un amigo, un familiar o alguien en quien la persona confíe. Las instrucciones anticipadas son instrucciones sobre el tipo de tratamiento o atención médica que una persona desea recibir en el futuro. A menudo se presentan a través de un documento legal escrito, por ejemplo, un “testamento en vida”. Cuidado y apoyo Se refieren al apoyo que una persona necesita para vivir una vida digna, autónoma e independiente. Estos servicios de apoyo, también llamados “cuidados a largo plazo”, ofrecen a las personas asistencia para llevar a cabo actividades de la vida diaria y permiten que participen en su comunidad y en la sociedad. Por ejemplo, pueden ayudar a las personas a ir de compras, visitar amigos, votar y participar en grupos u otros eventos. El cuidado y el apoyo también incluyen apoyo para tomar sus propias decisiones. Cuidado paliativo Es el cuidado integral activo de personas de todas las edades con un grave sufrimiento relacionado con una enfermedad grave, y especialmente de aquellas que están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores.

Para las personas mayores la capacidad de tomar sus propias decisiones y de llevar una vida cotidiana de acuerdo con su voluntad y preferencias es fundamental para su dignidad y autoestima. Consideran muy importante participar en la toma de decisiones de la vida familiar, elegir las actividades sociales y culturales en las que quieren participar, administrar sus bienes y propiedades según sus criterios, hacer cosas por sí mismos, resolver sus propios problemas y alcanzar sus objetivos, acceder a los servicios de salud, de cuidados a largo plazo y de cuidados paliativos.

Muchas sienten que la autonomía y la independencia de las que gozaban antes se les niegan en la vejez porque otras personas o la sociedad, de forma generalizada, piensan que ya no pueden tomar sus propias decisiones o directamente las ignoran.

Identifican una serie de circunstancias que fomentan su dependencia de otras personas, como por ejemplo el deterioro de la salud o la falta de ingresos, la pérdida de un trabajo o la jubilación, irse a vivir con un miembro de la familia, la muerte de un cónyuge, el crecimiento de los hijos, el nacimiento de nietos, la entrega de bienes a los hijos, su traslado a una institución, que los entornos no estén adaptados o no disponer de un transporte accesible, seguro y asequible (especialmente en zonas rurales).

Las personas mayores desearían utilizar los servicios de apoyo existentes para fomentar su autonomía e independencia y tomar sus propias decisiones, pero en muchas ocasiones desconocen los servicios que están disponibles o cómo solicitarlos.

Tipos de servicios de apoyo: • Apoyo para desplazarse. • Apoyo en las comunicaciones. • Apoyo en actividades diarias, como comer, vestirse, el aseo y la higiene personal, visitar a los amigos, ir de compras, participar en actividades de ocio y otras actividades sociales, religiosas culturales, políticas o educativas y fomentar las relaciones personales basadas en la igualdad. • Apoyo en la toma de decisiones, incluyendo la posibilidad de tomar decisiones anticipadas sobre finanzas, elaboración de testamentos, cuidados médicos y atención al final de la vida. • Apoyo para garantizar un empleo digno. • Servicios para acceder a una vivienda y servicios de atención en el domicilio. • Servicios comunitarios. • Apoyo para acceder y utilizar los servicios disponibles en el ámbito de la salud, la educación, el transporte o la justicia, en igualdad de condiciones que las demás personas, etc.

Garantizar el derecho a la autonomía e independencia y a tomar decisiones propias.

Las personas mayores piensan que es necesario reconocer, promover y proteger legalmente su derecho a tener el control sobre todos los aspectos de su vida y a que se respeten sus propias decisiones, gustos y preferencias. Para ello, se deberían adoptar medidas y desarrollar políticas y servicios de apoyo que fomentasen su autonomía y su independencia, tanto en el ámbito público, como privado e institucional.

Además, muchas desean poder establecer de forma anticipada su voluntad y preferencias para un momento futuro sobre cualquier aspecto de su vida y dar o retirar su consentimiento informado para recibir o dejar de recibir servicios de cuidados y apoyo. Es esencial proporcionar a las personas mayores que lo necesiten los mecanismos y los apoyos para que puedan ejercer su capacidad jurídica, libre de conflicto de intereses e influencias indebidas y en igualdad de condiciones que los demás, o para denunciar las decisiones que interfieran con el ejercicio de su capacidad jurídica o aquellas situaciones que vulneren sus derechos.

Para proteger a las personas mayores de la violencia, el abuso y la negligencia creen que es esencial que los proveedores de servicios de cuidados y apoyo, incluidos los trabajadores no profesionales o los familiares, sean supervisados, reciban formación y se les proporcione los recursos que necesiten para proteger a las personas mayores de la violencia, el abuso y la negligencia.

Derecho a la educación, a la formación continua y al desarrollo de capacidades

Educación: proceso de obtener o proporcionar conocimientos y habilidades en entornos públicos, privados, formales o no formales, para que las personas puedan desarrollar todo su potencial humano, su personalidad, creatividad y talentos y la dignidad y autoestima, así como participar plenamente en la sociedad. Aprendizaje permanente: desarrollo continuo de conocimientos y habilidades a lo largo de la vida para la realización personal y la plena participación en la sociedad. El aprendizaje a lo largo de toda la vida incluye la educación formal e informal y las actividades de capacitación en diferentes entornos, como el hogar, centros de formación, escuelas, la comunidad y el lugar de trabajo. Capacitación: es el proceso de aprender las habilidades que una persona necesita para realizar un trabajo o una actividad en particular. Desarrollo de capacidades: proceso de aumentar la capacidad de una persona o de una organización para hacer cosas, resolver problemas y lograr sus objetivos. Habilidad: capacidad de hacer algo, a menudo después de aprender o practicar cómo hacerlo.

Por muy diversas razones, las personas mayores consideran que es importante no dejar de aprender, realizar actividades creativas y saber utilizar las nuevas tecnologías para usar teléfonos móviles, ordenadores, internet, cajeros automáticos, televisores digitales y otros electrodomésticos. En este sentido, destacan la importancia de acceder y de aprender a utilizar las nuevas tecnologías para pagar sus facturas, concertar citas médicas, acceder a los servicios de salud u otros servicios de apoyo, hacer compras y realizar transacciones bancarias, comprar entradas para eventos culturales, mantenerse en contacto con familiares y amigos y adquirir nuevas habilidades y conocimientos sobre nutrición, ejercicio o su propia salud.

Sin las habilidades, el conocimiento y la información que necesitan, las personas mayores se sienten excluidas y dependientes. Sin embargo, describen que se encuentran con numerosas barreras que les impiden adquirir estas habilidades o conocimientos debido a la falta de información, las actitudes edadistas que encontraron en los espacios educativos o porque la metodología o los materiales no eran accesibles o no estaban adaptados a sus necesidades, entre otras.

Explican que la exclusión de las personas mayores del aprendizaje continuo y la oferta educativa es una negación de su derecho a la educación que les impide ejercer otros, como el derecho a trabajar, a participar plenamente en la vida social, económica, cultural, política y recibir servicios de salud, de apoyo y de cuidados.

Garantizar el derecho a la educación, a la formación continua y al desarrollo de capacidades.

Las personas mayores quieren ejercer su derecho a la educación y al aprendizaje permanente sin discriminación para que poder llevar una vida digna, autónoma e independiente, cumplir sus aspiraciones, desarrollar sus habilidades y capacidades, desarrollar todo su potencial humano y participar plenamente en la sociedad. También consideran que tienen derecho a beneficiarse de becas y otros incentivos en igualdad de condiciones con los demás.

Creen necesario que la oferta educativa sea asequible y que las oportunidades de aprendizaje permanente y los materiales se ajusten a sus necesidades, preferencias y motivaciones, con espacios físicos.

Derecho al trabajo y acceso al mercado laboral

Derecho al trabajo y acceso al mercado laboral El derecho a trabajar y acceder al mercado laboral significa que todas las personas tienen la oportunidad de ganarse la vida con un trabajo que elijan libremente, con condiciones seguras, saludables y no degradantes, donde se permita la capacitación, y que proporcione un salario suficiente para un estándar de vida adecuado para el trabajador y su familia. También incluye el derecho a que no se niegue el trabajo por razones discriminatorias. El trabajo que cumple con estos estándares a menudo se conoce como “trabajo digno”.

Muchas personas mayores explican que se les ha negado un trabajo debido a su edad avanzada, aunque algunas de ellas si reconocen que se les tiene en alta estima por su integridad, experiencia y habilidades.

Entre las razones por las que son rechazadas señalan que los empleadores piensan que podrían tener un accidente o lastimarse con mayor facilidad que los trabajadores más jóvenes o que no tienen fuerza suficiente, la formación adecuada o conocimientos sobre nuevas tecnologías. Esta situación se agrava en el caso de las mujeres mayores o por tener una discapacidad.

Identifican también otras barreras que les dificultan el acceso a un trabajo o al mercado laboral y explican que existen leyes que no les permiten trabajar a partir de una cierta edad, que no hay posibilidades de formación o reciclaje para las personas mayores, que los trabajos a los que pueden optar no son cualificados o que tienen un salario insuficiente.

Las personas mayores piensan que un trabajo digno tiene un impacto muy positivo en sus vidas y en su bienestar emocional ya que pueden mantenerse a si mismos y a sus familias y pueden conseguir bienes o servicios esenciales o asistir o participar en actividades culturales, sociales o de ocio. Valoran no tener que depender de sus familias y poder llevar vidas independientes, contribuir a la sociedad y elegir dónde y cómo vivir, invertir en educación o en ampliar sus negocios, poder ayudar a sus familias o ahorrar para el futuro.

Garantizar el derecho al trabajo y al acceso al mercado laboral.

Rechazar a una persona que se presenta a una oferta de trabajo por su edad avanzada es discriminación, pero las personas mayores también consideran discriminatorio exigir que una persona se jubile al alcanzar una edad determinada, no disfrutar de unas condiciones laborales dignas, seguras y adaptadas a las necesidades de una persona, no tener acceso a nuevas oportunidades de formación y reciclaje profesional, no apoyar a las personas que realizan trabajos no remunerados como el cuidado de otras personas o enfrentarse a dificultades a la hora de denunciar la vulneración de sus derechos laborales.

Creen que es necesario garantizar el derecho a una jubilación gradual, a condiciones laborales flexibles para los trabajadores mayores, con entornos que favorezcan la inclusión, y a medidas de conciliación para las personas mayores que tengan la responsabilidad de cuidar de otra persona. Los Estados deben desarrollar políticas y medidas en el ámbito laboral con perspectiva de edad que permitan el acceso al mercado laboral de las personas mayores que desean continuar trabajando o no pueden permitirse dejar de trabajar, que fomenten las oportunidades de trabajo por cuenta propia y el emprendimiento de las personas mayores.

Derecho a la protección social y a la seguridad social

Protección social Se define por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la protección contra “la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de la de vida”. Entre las medidas de protección social se incluyen prestaciones por hijos, familiares o maternidad, prestaciones por desempleo, prestaciones en caso de accidente laboral, prestaciones por enfermedad, protección sanitaria (asistencia médica), pensiones de vejez, prestaciones de discapacidad y prestaciones de “supervivencia”. Seguridad social Es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y las familias para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingresos, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Las medidas de seguridad social son beneficios, ya sea en efectivo o en especie, para brindar seguridad ante una pérdida de ingresos y garantizar la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como otras prestaciones sociales.

Aunque muchas personas mayores reciben algún tipo de pensión (contributiva o no contributiva), explican que la cantidad del ingreso no es suficiente para mantener un nivel de vida adecuado, lo que les obliga a depender de otras personas. Además, también señalan que pueden tener dificultades para controlar y administrar sus pensiones.

Esta circunstancia hace que no puedan hacer frente a servicios y bienes esenciales, a las necesidades del ámbito de la salud (rehabilitación, salud dental, medicamentos o dispositivos de apoyo) o a actividades culturales o sociales.

Garantizar el derecho a la protección social y a la seguridad social.

Las personas mayores tienen derecho a acceder a las medidas de protección social y la seguridad social disponibles, en igualdad de condiciones que las demás personas. Ellas mismas reconocen que poder acceder a este tipo de medidas fomentaría o garantizaría su autonomía y su participación en la sociedad.

Como en otras ocasiones señalan que puede resultarles difícil acceder a la información sobre los planes y medidas de protección social y seguridad social disponibles y sobre cómo solicitarlas. Además, creen que los baremos no siempre se establecen teniendo en cuanta su situación y necesidades específicas.

Derecho de acceso a la Justicia

Acceso a la justicia Significa obtener una respuesta ante la vulneración de un derecho, bien sea a través de mecanismos institucionales que garantizan la tutela judicial efectiva de los derechos, o a través de otras formas alternativas de resolución de conflictos.

Las personas mayores identifican diversas barreras a la hora de acceder a la justicia y de encontrar una solución legal a sus problemas, partiendo de la base de que muchas de ellas reconocen no conocer sus derechos. Entre los principales problemas legales que se encuentran y para los que buscan solución mencionan disputas por terrenos o propiedades, disputas familiares (como divorcios y herencias), problemas en el trabajo (como despidos sin justa causa), deudas, conflictos como consumidores, dificultades para acceder a los servicios públicos a los que tienen derecho, la violencia, ser víctima de un delito y la discriminación.

Entre las barreras a las que se enfrentan, explican que el sistema legal no es amigable para las personas de mayor edad, que no pueden acceder a la información que existe o no tienen los conocimientos o recursos suficientes para presentar quejas a través de internet, que necesitan apoyo para iniciar o hacer el seguimiento de los trámites o que el tiempo del procedimiento es demasiado largo y creen poco probable que llegue a resolverse antes de fallecer. En el caso de los abusos en el ámbito familiar, algunas personas mayores reconocen sentir vergüenza al plantearse presentar quejas contra un miembro de la familia o un conocido.

Las personas mayores sienten que es importante obtener una solución legal a sus problemas por un sentido de la justicia y de dignidad, además de que fomenta su bienestar y su autoestima al sentirse más seguros de sí mismos e independientes.

Garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Piensan que es necesario adaptar los procedimientos legales y administrativos para facilitar participación directa o indirecta de las personas mayores. Además, inciden en la importancia de prevenir cualquier demora innecesaria en los procedimientos jurídicos, en particular en situaciones de urgencia, y garantizar la asistencia legal para todas aquellas personas que lo necesiten, sin discriminación y libre de influencias indebidas que interfieran en la voluntad de las personas mayores.

Creen necesario que las personas mayores puedan disponer de otras vías alternativas para solucionar sus problemas legales, como mediadores comunitarios, distintos mecanismos de queja y reclamación o procedimientos a través del defensor del pueblo.

Derecho a una vivienda

El artículo 47 de la CE habla del derecho a una vivienda digna y adecuada, sin embargo, en muchas ocasiones, pero este derecho que indica que las personas tienen esa capacidad de decisión. En numerosas ocasiones en el caso de las personas mayores no siempre tienen esa capacidad de decisión en relación con las necesidades que necesitan cubrir.

Este derecho se ve que tiene un impacto en la cuestión de genero dado que se observa que las mujeres van más tarde a las residencias, pero van en mayor numero que los hombres, esto se debe principalmente a que ellas son cuidadoras y además tiene una mayor esperanza de vida, pero generalmente cuando necesitan cuidados a más largo plazo son ellas las que van a residencias.

También influye en la toma de sus decisiones que generalmente tienen menores niveles de bienes y pensiones más bajas que los hombres o incluso en algunos casos ninguna en absoluto. Todo ello son factores que van a condicionar la respuesta de su lugar de residencia cuando son mayores.

Garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Las personas mayores tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y a poder tomar la decisión de qué lugar de residencia es más adecuado para ellos. Reconocen que muchas veces debido a sus necesidades de cuidados o sus posibilidades económicas su capacidad de decisión se ve mermada, haciéndose especialmente visible en las mujeres mayores.