Se estima que en todo el mundo habrá 1.000 millones de personas mayores en el año 2030 y que se llegará a los 2.000 millones en 2050. Este fenómeno del envejecimiento y la revolución demográfica es un proceso que está ocurriendo en todo el mundo, pero aumenta con mayor rapidez en los países en desarrollo. Este proceso representa importantes oportunidades y desafíos económicos, sociales y culturales a los que deberán enfrentarse las personas, las familias, las sociedades y la comunidad mundial.

La crisis humanitaria provocada por la COVID-19 ha afectado gravemente a las personas mayores provocándoles tasas de infección y mortalidad más altas, especialmente en aquellos países de ingresos bajos y medios cuyos sistemas de salud son más débiles y aquellos con poblaciones de refugiados y personas desplazadas. Por ello, el impacto que está teniendo en este grupo está siendo desproporcionado, afectando a una gran variedad de ámbitos de sus vidas como pueden ser la salud física y mental, la seguridad económica, el trabajo o sus relaciones sociales y afectivas.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del desarrollo sostenible y de la necesidad de contar con planes de preparación fuertes y eficaces ante desastres, de que las respuestas sean sostenibles y equitativas, basadas en el principio de no dejar a nadie atrás y en los derechos humanos. La Agenda 2030 identifica explícitamente a las personas mayores como uno los grupos vulnerables y, por ello, los ODS deben abordarse con perspectiva de edad para erradicar la pobreza, garantizar una vida saludable y el bienestar de todas las personas de todas las edades, conseguir la igualdad de género, lograr crecimiento económico y trabajos dignos, reducir desigualdades y crear ciudades sostenibles sin dejar a nadie atrás, sea cual sea su edad. Asimismo, los principios humanitarios exigen que la ayuda y la protección se brinden en base a las necesidades y sin discriminación. Nadie debe ser excluido durante una respuesta de emergencia, sea cual sea su edad o condición física.

Actualmente existen muchas barreras de acceso y participación que excluyen sistemáticamente a las personas mayores y personas con discapacidad: conceptos erróneos sobre la discapacidad o la vejez pueden alimentar actitudes negativas y discriminación; la sobreprotección puede hacer que las personas se queden en casa por su seguridad o porque su discapacidad o edad se considere una fuente de vergüenza; barreras físicas, como un terreno difícil o la falta de instalaciones para las personas con discapacidad impiden el acceso a los servicios; artículos de ayuda no inclusivos ni diseñados para sus necesidades específicas; información no adaptada ni accesible, etc. Incluso las leyes, las políticas y los procedimientos pueden excluirlos de cualquier área de la vida, como el empleo, la participación política o los servicios sociales.

Siendo la lucha contra la pobreza -desde un enfoque basado en los derechos humanos- uno de los objetivos de la política española, europea e internacional de cooperación para el desarrollo, resulta imprescindible la inclusión efectiva de las personas mayores y personas con discapacidad en las acciones de la Cooperación española.

Es necesario reconocer a las personas mayores como agentes activos de cambio y de desarrollo para lograr resultados verdaderamente transformadores, inclusivos y sostenibles. El camino que cojamos como sociedad global para responder a los desafíos y maximizar las oportunidades de este grupo de población determinarán si la sociedad gozará de una esperanza de vida saludable libre de discriminación, abuso y maltrato. Si queremos que, en cualquier lugar del mundo, las personas puedan envejecer con dignidad y seguridad, disfrutar de la vida gracias al pleno disfrute de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, debemos integrar de forma efectiva el envejecimiento mundial en los procesos de desarrollo.