¿Qué significa ser una mujer rural? Algunos datos globales

Antes de empezar este apartado, es importante tener en cuenta que el concepto de “mujer rural” no es sinónimo de “mujer agricultora”. Cuando hablamos de mujeres rurales, nos referimos a todas las mujeres que viven o trabajan en zonas rurales. Se trata de un grupo de población muy diverso, que engloba tanto a las nacidas y crecidas en zonas rurales como a aquellas que se trasladan al ámbito rural, a las que trabajan en el campo y a las que tienen un pequeño negocio, a las mujeres con hijos, a las que no lo tienen, a las mujeres jóvenes y a las mujeres mayores. Hablamos, por tanto, mujeres muy diversas que tienen en común que desarrollan su vida en zonas rurales.

A nivel general, las mujeres del ámbito rural de todas las edades asumen importantes tareas de cuidados, trabajan en el campo y en negocios familiares, pero, en muchas ocasiones, trabajan sin un empleo formal ni un sueldo digno. A pesar de la enorme labor que hacen, tenemos muy pocos datos y estadísticas sobre la situación y el trabajo que desempeñan las mujeres mayores en el ámbito rural, tanto a nivel nacional como internacional.

Como ya hemos dicho, cuando hablamos de mujeres rurales no hablamos solo de mujeres agricultoras, pero es cierto que la agricultura sigue siendo el sector de empleo más importante de las mujeres que viven en países en desarrollo y en zonas rurales. En los países de bajos ingresos, según los datos de ONU Mujeres, el 64% de las mujeres de los países de ingresos bajos, se dedican a la agricultura. Se trata de un sector que, en muchas ocasiones, forma parte de la economía informal y tiene una baja protección social. Además, menos del 15% de las personas que poseen tierras son mujeres.

El trabajo de las mujeres rurales es un trabajo invisible, pero que tiene un valor incalculable para toda la humanidad. Si nos centramos en las mujeres mayores del ámbito rural, vemos que hay muy pocos estudios, datos y estadísticas que las incluyan. Por otro lado, a pesar de que existe la idea colectiva de que las personas dejamos de ser productivas a partir de cierta edad, lo cierto es que es que las personas mayores continúan trabajando. En el caso de las mujeres, aquellas que se han dedicado toda la vida de manera informal a la agricultura o los cuidados no dejan de trabajar cuando son mayores.

Desigualdad y despoblación rural en España

La Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural clasifica un municipio como rural si tiene menos de 30.000 habitantes y menos de 100 habitantes por km2. Veamos algunas características del medio rural en España, siguiendo el “Análisis y Prospectiva – AgrInfo nº31” sobre demografía de la población rural en 2020:

● El 15,9% de la población española está censada en municipios rurales en España en 2020. Estos municipios suponen el 82,0% del total y ocupan el 84,0% de la superficie española.
● El 9,4% de la población habita en municipios rurales de pequeño tamaño (<5.000 hab.) y, dentro de ellos, más de la mitad en municipios de menos de 2.000 habitantes.
● La población censada en municipios rurales ha descendido un 7,1% en los últimos 10 años, mientras que la urbana ha subido un 2,1% en un contexto de crecimiento total de un 0,6%.
● Las áreas rurales están un 9,2% más masculinizadas que las urbanas, aumentando esta diferencia cuanto más pequeño es el municipio. La masculinización ha descendido desde 2011 hasta la actualidad debido a un descenso de población que ha sido superior entre los hombres que entre las mujeres.
● La tasa de jóvenes en las áreas rurales es un 35,2% inferior respecto a las urbanas, habiendo descendido dicha tasa un 9,1% desde 2011 debido a una disminución superior de jóvenes que de mayores.
● El peso de la población de las áreas rurales es mayor en las comunidades autónomas del norte y oeste de España que en el resto.
● La tasa de ocupación en las áreas rurales es del 44,5%, menor que en las ciudades.

En las últimas décadas, las zonas rurales de toda Europa están atravesando un duro proceso de despoblación unido a una mayor tasa de envejecimiento. La falta de servicios y las pocas oportunidades de formación y de empleo de calidad empujan a la población más joven a emigrar hacia las ciudades. En España, la mayor parte de personas mayores vive actualmente en zonas urbanas, pero en los pueblos encontramos un porcentaje muy alto de personas mayores: cuanta menos población tiene un municipio, mayor es el porcentaje de personas de edad avanzada.

Según el estudio de Envejecimiento en Red “Un perfil de las personas mayores en España, 2020”, en 2019, las personas de más 65 años representaban el 28,5% de las personas censadas en municipios rurales de 2.000 o menos habitantes. La comparación de la estructura por edad entre el mundo rural y el conjunto de la población nacional muestra un claro envejecimiento de la población rural y una proporción muy baja de niños y niñas. Este proceso está haciendo que cada vez vivan menos personas de todas las edades en los pueblos pequeños y que muchas zonas estén cada vez más abandonadas y cuenten con menos servicios, empleo y oportunidades de futuro.

A pesar de que la despoblación de las áreas rurales se asocia en muchas ocasiones al envejecimiento generalizado, según el informe “Despoblación, reto demográfico e igualdad”, existe una relación directa entre la situación de las mujeres en el medio rural y la despoblación, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Dos de cada tres personas que emigran del campo a la ciudad son mujeres y, además, más de un tercio de las mujeres que viven en pueblos de menos de 1.000 habitantes tienen más de 65 años. Debido al recorte en servicios básicos como la sanidad, los cuidados a personas dependientes o la educación, las mujeres asumen gran parte de estas tareas y cargan con una doble o triple jornada laboral. Se trata de un trabajo muy invisibilizado, precarizado y, en muchas ocasiones, sin un contrato o salario propio. Por ello, muchas mujeres tienen dificultades para acceder a prestaciones básicas, como el desempleo o las pensiones de jubilación.
Las personas mayores que viven en el medio rural se enfrentan a mayores barreras y dificultades para acceder a derechos y servicios básicos, como cuidados, atención médica, oportunidades de formación y empleo o nuevas tecnologías. Según el informe “¿La Europa rural se está quedando atrás?”, el 42% de las personas mayores de 65 años consideran la distancia como un gran obstáculo para acceder a una consulta médica, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, pero es en los pequeños pueblos donde las distancias son mucho mayores. Este mismo informe señala que las zonas rurales siguen estando muy afectadas por los recortes realizados durante la crisis económica de 2008, que provocaron el cierre de muchos centros médicos y una disminución de recursos humanos. A todo ello, hay que sumar que el transporte público es insuficiente en muchas zonas rurales, lo que agrava las dificultades para acceder a servicios médicos y asistenciales, entre otros.

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad compartida de a las explotaciones agrarias

A pesar de que una importante proporción de las mujeres del ámbito rural se dedican a la agricultura, muchas de ellas trabajan en explotaciones familiares de manera informal: no tienen un contrato, no cotizan a la seguridad social y no poseen ni gestionan la tierra. Esto tiene graves consecuencias para ellas.

Con el objetivo de fomentar la igualdad en el ámbito rural, en 2011 se aprobó la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. La titularidad compartida es una figura jurídica de la explotación agraria a la que pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y gestión de la explotación. Esta figura permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, fomentando la igualdad entre ambas. Así, esta ley pretende que el trabajo de las mujeres en empresas familiares no sea considerado como “ayuda” y que las mujeres puedan gozar de sus derechos jurídicos, sociales y económicos.

Cuando se aprobó la ley, se estimaba que esta ley podría llegar a beneficiar a unas 100 mil mujeres. Sin embargo, las estimaciones más recientes indican que en España hay aproximadamente entre 31.000 y 55.500 mujeres que podrían beneficiarse de la ley de titularidad compartida. En cualquier caso, viendo los datos actuales, los resultados obtenidos en estos 10 años, no han sido los esperados. En julio de 2022, había solo 1031 explotaciones inscritas en el registro de titularidad compartida y encontramos grandes diferencias por comunidades. Mientras que en Castilla y León hay 454 explotaciones en el registro, Andalucía solo cuenta con 36 explotaciones inscritas e, incluso, en algunas comunidades, como Madrid o Baleares, no hay ninguna.

Desde organizaciones y asociaciones de mujeres rurales, se ha señalado que esta ley es ha sido olvidada por parte de algunas administraciones autonómicas, que existen muchas barreras administrativas y que hay una gran falta de información y de incentivos para que las mujeres rurales se acojan a la ley de titularidad compartida.

Uno de los principales problemas ha sido la lentitud de algunas comunidades autónomas para crear el registro donde deben inscribirse estas explotaciones. Por ejemplo, hasta 2018, seis años después de la entrada en vigor de la ley, no se aprobó en Andalucía el decreto del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) que permitió la activación del registro de Titularidad Compartida.

Por otro lado, hay que señalar que la titularidad compartida es una opción voluntaria que tienen los matrimonios o parejas de hecho de gestionar de manera conjunta una explotación agraria. De este modo, las personas titulares comparten el trabajo, la gestión, los derechos y las cuotas a la seguridad social.

Tener independencia económica y que el trabajo realizado sea reconocido como tal es esencial en cualquier momento de la vida, pero las consecuencias de trabajar sin cotizar en la seguridad social tienen un grave impacto en la vejez y en algunos momentos de la vida, como una separación. Muchas mujeres, tras una vida de trabajo, pueden encontrarse sin derecho a prestaciones sociales básicas, como una pensión de jubilación, una baja por enfermedad o una prestación por desempleo. Sin embargo, muchas mujeres del ámbito rural encuentran grandes reticencias por parte de sus parejas para realizar este cambio.